Desde la iniciativa Lo Veo, entrevistamos a Alfonso Sánchez Izquierdo, actual presidente de FORTA y director general de la Corporación de Radio Televisión de Galicia.
¿Tienen fundamento las televisiones y radios públicas en el actual contexto histórico?
En el siglo XXI, los medios públicos seguimos aportando valor a la sociedad: en la primera década fuimos los que apostamos firmemente por la responsabilidad social, y creamos conceptos que existen hoy, como los defensores de los espectadores, los programas de servicio social y fuimos el principal soporte de la información de proximidad. En la segunda década, que ahora acaba de finalizar, fuimos un pilar fundamental en los principales avances de innovación, tanto tecnológica como narrativa y de contenidos y la prueba está en que las grandes plataformas como Netflix se nutren de contenidos creados por medios de comunicación públicos.
Y ahora, en la tercera década de este siglo, seremos de nuevo imprescindibles para garantizar el servicio universal que cualquier Estado democrático debe dar a sus ciudadanos. Así se entiende el espectacular aumento de la audiencia en las televisiones autonómicas, en especial las franjas de informativos, durante la pandemia. Así se entiende la preocupación de los legisladores por garantizar un servicio público de información, formación y entretenimiento a través de la reforma que se está debatiendo en el Congreso sobre la comunicación audiovisual. Así se entiende, en definitiva, el constante aumento de la industria audiovisual en este país a la que la ciudadanía le exige una actualización constante para satisfacer las nuevas demandas.
Pero estas organizaciones parecen estar afectadas de problemas irresolubles.
Los problemas de los medios de comunicación públicos debiéramos dividirlos en dos grupos: los del pasado y los del futuro.
Del pasado heredamos las complicaciones propias de cualquier empresa pública, y que se han ido resolviendo paso a paso. Me refiero a los viejos, pero importantes debates, de la financiación, la gobernanza, y el valor que aportamos cada uno de nosotros. Este es el escenario en el que se deben seguir resolviendo las dificultades diarias como el porcentaje de financiación pública y privada, el equilibrio financiero, los modelos de elección de los órganos de dirección, la vinculación a las decisiones de cada uno de nuestros parlamentos, las cotas de audiencia a las que debemos aspirar cada uno de nosotros o los principios de acceso de la ciudadanía.Pero creo que ahora también nos tenemos que preocupar con una mayor intensidad de los problemas del futuro: el valor que le debemos dar a los ciudadanos a través de todos los soportes (radio, televisión y digital); el cumplimiento de servicio público en un contexto de consumo ubicuo y atemporal; los mecanismos de verificación informativa, mucho más complejos que hace una década; la colaboración con los propietarios de las redes de difusión, como son las empresas tecnológicas; la garantía de imparcialidad frente a modelos de negocio sumamente intrusivos en los ciudadanos basados en la explotación infinita de los datos de cada uno de nosotros; y, sobre todo, crear las estructuras necesarias, para seguir manteniendo relación con las audiencias.
En numerosas ocasiones el debate sobre los medios públicos gira alrededor de su financiación.
Así es. Ha sido siempre uno de los elementos más debatidos en todo el mundo. En algunos casos se garantiza a través del pago de un canon, que muchos elevan a la categoría de impuesto finalista. En otros casos, la financiación nace de los presupuestos generales de los estados o autonomías (como es el caso español). En otros se apuesta por un modelo más híbrido en el que incluso se contemple el pago por servicios.
Sin duda es un tema que debe ser revisado cada cierto tiempo porque los principios van variando, y tenemos la obligación de ir acompasados con las decisiones económicas de cada uno de los respectivos Estados.Sin embargo, una cosa es clara: los medios de comunicación públicos siempre operamos en un contexto de competencia y, por lo tanto, tenemos la obligación de ser competitivos. Lo habitual es que los servicios públicos no tengan competencia de mercado, pero no es el caso de las televisiones y radios públicas donde sigue siendo necesaria la garantía del derecho a la comunicación en un mercado cada vez más complejo.
Si queremos seguir garantizando derechos fundamentales del servicio público tenemos que ser atractivos para la audiencia. Vivimos en la economía de la atención y, por lo tanto, tenemos que generar contenidos lo suficientemente atractivos para atraer atención tanto en la información, como en el entretenimiento y en los valores de formación que debemos trasladar.
Una crítica reiterada hace referencia a la dependencia de los Gobiernos en cada caso.
Los medios públicos se enmarcan necesariamente en la estructura de las administraciones. En España, todos dependemos de los parlamentos y nos sometemos constantemente al control parlamentario donde está representada la ciudadanía. Se da la paradoja de que los medios públicos somos constantemente acusados de parcialidad informativa, e incluso de cuestiones más graves como la manipulación, pero somos los organismos que más nos sometemos al control de los representantes de los ciudadanos y los que más explicaciones damos cada mes.
El debate de la dependencia de los gobiernos es ya viejo. Normalmente se mantiene la acusación pero cambiando los denunciantes. Un mismo partido político suele ser un defensor de la imparcialidad de los medios públicos mientras gobierna y de su parcialidad cuando está en la oposición. Y lo más curioso es que las plantillas de profesionales de los medios suelen ser las mismas en los dos períodos.
La manipulación informativa es algo muy grave que tiene que ser tratado con rigor. Defendemos la sede judicial para resolver las denuncias graves. Sin embargo, apenas existen sentencias firmes que condenen a los medios públicos por prácticas de manipulación, aunque tenemos siempre acusaciones latentes por determinados grupos sociales que se repiten año tras año. Por eso, siempre defenderemos la imparcialidad de los medios públicos porque son los únicos que tenemos como propietarios a los ciudadanos y ante ellos tenemos que dar cuentas a diario.Todos los medios públicos tenemos la única presión de las estructuras de la Administración en todos los aspectos (de gestión económica, de gestión de personal, de rendimiento social) y por lo tanto, todos tenemos un grado de auditoría y supervisión que permite comprobar cualquier mala praxis que realicemos casi en tiempo real. Defendemos este modelo de rendición de cuentas pero eso no quiere decir, ni mucho menos, que el redactor jefe de un medio público sea un político al servicio del gobierno de turno.
