La Forta, la plataforma que representa a los organismos y entidades públicas de televisión y radio autonómicas, advierte de que si no se resuelve de forma definitiva la controversia fiscal generada en torno a la tributación del IVA por parte de este tipo de entes se generará una situación de asfixia financiera que afectará a su normal funcionamiento, a sus inversiones y en última instancia también al empleo.
En declaraciones a lainformacion.com, el secretario general de la plataforma, Enrique Laucirica, señala que la nueva reforma legal introducida en la futura Ley de Contratos de las Administraciones Públicas – actualmente en el trámite parlamentario del Senado – adolece de falta de claridad y admite interpretaciones diversas lo que amenaza con mantener abierto el campo a la confrontación entre Hacienda y las televisiones autonómicas.
La Agencia Tributaria mantiene alrededor de una treintena de litigios abiertos con los diferentes entes públicos audiovisuales de carácter autonómico por una cuantía aproximada de 200 millonesde euros a causa de la interpretación diversa que unos y otros hacen de la legislación de IVA y del modo en que las autonómicas deben cumplir con sus obligaciones fiscales.
En otras palabras, que las televisiones y las radios autonómicas puedan deducirse el IVA de todos los ingresos que reciban sin que esto obligue a los entes públicos de los que dependen a repercutir hacia arriba, a la Administración de la que reciben las transferencias que garantizan su funcionamiento, la factura de ese impuesto, es decir, el escenario existente hasta 2014.
Desde ese año el sector ha pasado por varios escenarios tributarios diferentes en este campo al compás marcado por los diferentes criterios establecidos por Hacienda o por los Tribunales. Primero se decidió que los entes sólo podrían deducirse una parte del IVA, concretamente el vinculado a los ingresos obtenidos por su actividad comercial (venta de publicidad, comercialización de producción propia…), penalizando la deducción del IVA vinculado a las transferencias recibidas desde las Administraciones para sostener su actividad. Esta modificación redujo del 100% al 20% el porcentaje de IVA deducible para los entes audiovisuales autonómicos.
La reforma del IVA de 2015 estableció que toda la actividad de los entes públicos estaba sujeta a IVA y que, por tanto, éstos podían deducirse de nuevo el 100% del impuesto…a costa de tener que facturar el mismo a las Administraciones de las que recibían las transferencias – a las que se consideraba clientes de sus servicios -, situando a éstas en la tesitura de o bien asumir un sobrecoste del 21% sobre el gasto asociado al mantenimiento de sus medios de comunicación públicos o bien absorber ese coste reduciendo un 21% la transferencia neta a sus canales autonómicos.
Por el camino decenas de actas levantadas por la Inspección de Hacienda contra los entes públicos audiovisuales autonómicos, otros tantos recursos, decenas de litigios en los tribunales económico-administrativos y una situación de inseguridad jurídica que ha llegado hasta hoy.
Asfixia financiera
El conflicto ha alcanzado tal dimensión que el Congreso no ha dudado en utilizar el proyecto de Ley de Contratos de las Administraciones Públicas para intentar introducir un nuevo cambio legal que devuelva las aguas a su cauce y ofrezca una solución para esta controversia.
Algo que parece complicado por los intereses cruzados de las arcas estatales y autonómicas en este conflicto. De los cerca de 200 millones de euros en liza, Hacienda ha recibido solo una parte, mientras que muchos entes autonómicos han optado por provisionar las cantidades en sus cuentas a la espera de un pronunciamiento definitivo.
En la Forta están convencidos de que los tribunales acabarán dándoles la razón porque consideran que tienen la normativa europea de su parte, pero advierten de los perjuicios que se generarán mientras eso ocurre. “Esta incertidumbre financiera minorará la inversión de los operadores en el mercado audiovisual porque no podrán destinar los mismos recursos a la compra de contenidos, con el consiguiente efecto inducido sobre el empleo en el sector…pero con el riesgo de que la Agencia Tributaria acabe afrontando indemnizaciones millonarias“, asegura Enrique Laucirica.
→ Acceso a la noticia completa
